(Agosto de 2011)
De un tiempo a esta parte, dejando a un lado cualquier escrúpulo democrático, gobiernos de diverso color y ámbito vienen recurriendo de continuo a una mala práctica política: eludir la discusión y negociación de temas trascendentales con el uso fraudulento de normas legales menores para colar medidas de asunto distinto y alcance superior. Es lo que han hecho, aprovechando el verano, Esperanza Aguirre y Lucía Figar, su prepotente Consejera de Educación, a través de las habituales y en apariencia meramente técnicas “Instrucciones sobre el Comienzo del Curso Escolar 2011-2012”.
Como quien no quiere la cosa, entre fechas para el inicio de las clases, referencias a los currículos en vigor y simples normas organizativas de los centros, se introducen en ellas, sin previo aviso ni negociación, graves recortes en las plantillas del profesorado (sumados a los ya efectuados el curso anterior), con un sustancial incremento de su horario lectivo y, por consiguiente, del número de alumnos a atender, afectando también a tareas de coordinación así como a desdobles de grupos y medidas compensatorias, imprescindibles para garantizar una mínima calidad educativa y la atención debida al alumnado con o sin dificultades. En el colmo de la provocación, las citadas instrucciones eliminaban la tutoría de grupo, convirtiendo en retribución a la “productividad” el tiempo que un profesor dedicara a la acción tutorial individualizada fuera de horario lectivo.
Aunque este último tema haya sido el que mayor contestación ha suscitado entre padres y pedagogos, al final y como era de prever, ha sido utilizado como elemento de diversión, sujeto a matizaciones posteriores, con tal de imponer lo que realmente importa: recortar el gasto público en un servicio tan fundamental como la educación a costa de reducir personal (más de 3.000 interinos se quedarán en la calle), empeorando las condiciones laborales y profesionales de los docentes y, en consecuencia, la calidad de la Enseñanza Pública. Como nadie puede ignorar, este nuevo paso en el ya largo proceso de deterioro de lo público contribuye de rebote al confesado propósito de avanzar en su privatización. Al igual que en el caso de la sanidad, el mensaje es claro: lo público no da para más y aún dará menos; si los padres quieren calidad, que se lleven el niño a un centro privado y paguen.
Pese a las fechas escogidas para su publicación, la reacción indignada del profesorado y de sectores comprometidos con la defensa de la Escuela Pública ha sido inmediata. El 20 de julio más de mil profesores abarrotaban el salón de actos del IES Beatriz Galindo exigiendo la retirada de tales medidas y proponiendo, en caso contrario, la convocatoria de una huelga real y efectiva que impida iniciar el curso en tales condiciones. Una decisión de lucha que se ratificó nuevamente en la masiva asistencia a la asamblea convocada por el Consejo Regional de Plataformas en defensa de la Escuela Pública el día 26 en el IES San Isidro.
Las medidas ya anunciadas por sindicatos e integrantes de dichas plataformas de cara a la movilización incluyen una asamblea general y decisoria el 31 de agosto, asambleas y claustros los días 1 y 2 de septiembre en los centros, concentración el día 7 ante la Consejería de Educación, jornada de lucha y manifestación multitudinaria el día 14. El tema central de si lo que se inicia el día 14 es una huelga y su modalidad queda pendiente de lo que se proponga y apruebe en las asambleas previstas. Está por ver si el respeto a las decisiones “de abajo arriba”, al que se comprometieron los representantes sindicales en alusión a los métodos del 15M (reconociendo de alguna manera su responsabilidad en fiascos anteriores), se hace carne y sangre de esta movilización que arranca con nueva fuerza desde el primer momento. Porque unidad y democracia son imprescindibles para conseguir echar atrás el órdago propuesto para este inicio de curso.
El pulso entablado es serio y las circunstancias excepcionales. Esperanza Aguirre, en pleno periodo preelectoral, avanza “sin complejos” el anticipo de la línea en que el PP pretende solucionar los problemas de la “crisis”. Por si algún iluso pensaba otra cosa, queda claro que para no tocar los intereses de quienes no sólo la provocaron sino que se están beneficiando de ella, el peso del desaguisado ha de recaer sobre los de siempre, disminuyendo salarios y todo tipo de prestaciones sociales, empezando por las de mayor coste público, como son la sanidad y la educación. Es también la política asumida por el gobierno “socialista” en el último periodo, siguiendo los dictados de poderes antidemocráticos propios y ajenos; es la misma que están aplicando, cada uno a su manera, los gobiernos autonómicos de todo signo; y es su profundización lo único que tienen en mente los candidatos a formar nuevo gobierno, en tanto comparten la sumisión esclava a lo que han dado en llamar “los mercados”, de cuya insaciable voracidad y exigencias destructivas están dando muestras sobradas estos días. Es la misma y grosera coartada, utilizada por nuestros gobernantes y los organismos internaciones (FMI, OCDE, UE, BCE,…) a los que se pliegan, con el objetivo descarado de imponer un retroceso social histórico, porque todos sabemos dónde están las responsabilidades, que son posibles otras políticas, otras fuentes de donde incrementar recursos públicos y otros capítulos donde recortar gastos.
Estamos ante el enfrentamiento puro y duro de dos lógicas contrapuestas: la del máximo beneficio de unos pocos, sin reparar en medios incluso a costa de arruinar la vida de muchos, de una parte, y la aspiración de la mayoría a vivir dignamente y no retroceder en los derechos democráticos penosamente conquistados por decenios de lucha, de otra. Hay momentos en que el relato ya no es de lo que sucede a nuestro alrededor, sino que nos toca de cerca y es imposible escabullirse. Corresponde al profesorado, en primer término, y al resto de la llamada “comunidad educativa” (si realmente padres y alumnos son sensibles a los intereses comunes y generales en juego), plantarse y dar un NO rotundo a las provocadoras medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid contra la Enseñanza Pública.
A favor de la lucha por la que ya se han pronunciado muchas voces en la enseñanza madrileña, está la creciente contestación que las medidas de recorte están provocando en otras comunidades y la perspectiva abierta, ante la parálisis sindical, por la movilización popular reflejada en movimientos como el del 15M y otros paralelos (parados, hipotecados, estudiantes,…) que apuntan a una respuesta unida y central contra el conjunto de ataques a las condiciones elementales de vida y trabajo. También juega a su favor la cercanía de unas Elecciones Generales que no permiten a ninguna de las fuerzas políticas interesadas descubrir sus cartas antes de tiempo y enredarse en un conflicto de amplia repercusión social.
Aunque los motivos inmediatos del rechazo a las medidas decretadas parezcan reducirse a meras reivindicaciones laborales y a elementos circunstanciales del ámbito educativo, nadie puede negar el carácter eminentemente político que adquiere cualquier posición de resistencia en el contexto presente: cuestiona las salidas antisociales que se quieren dar a la crisis y desvela las verdaderas intenciones de aquellos responsables políticos que tratan de ocultarlas tras un discurso plagado de ambigüedades y demagogia. En estos momentos, toda lucha, por limitada que sea en sus comienzos, apunta a la necesidad de unir esfuerzos con otros sectores y generalizar el enfrentamiento con una política que está golpeando sin cesar en todas partes y a la mayoría de la población. Cualquiera que sea su dimensión, se inscribe en la perspectiva de una Huelga General que obligue a los gobiernos, central y autonómicos, a retroceder y cambiar el signo de sus decisiones políticas. Por tanto, se quiera o no, la confrontación en ciernes tiene en sí un gran alcance político. De ahí su importancia y la seriedad con que es preciso abordar el tema.
Las “Instrucciones” de Aguirre, como hemos señalado, afectan directamente al profesorado pero también a la propia Enseñanza Pública, pese a la justificación demagógica de las medidas como simple exigencia a los docentes de “trabajar más en tiempos de crisis”. Sin menoscabo del derecho que asiste a los trabajadores de la enseñanza, como a los de cualquier otro sector, a salir en defensa de sus condiciones laborales y profesionales, su respuesta puede y debe encontrar el respaldo de amplios sectores de la población que son también conscientes de que lo que está en juego es el propio derecho a una educación pública y de calidad. No serán las simples protestas, medidas de paños calientes o pintorescas “ocurrencias” (huelgas a la japonesa, de celo, encierros,…), lo que puede echar atrás la provocación de la Consejería de Educación. En las dos asambleas celebradas en julio la propuesta más aplaudida fue que “en esas condiciones no se empieza el curso”. Eso tiene un nombre: huelga que paralice el sistema educativo hasta conseguir la retirada de los recortes incluidos en dichas “Instrucciones”. Si permitimos que la maquinaria escolar se ponga en marcha con los nuevos rotos y averías que introducen estas “Instrucciones”, será más difícil pararla y demostrar su inviabilidad (y la Consejería concluirá que todavía es posible dar una vuelta de tuerca más).
Evidentemente, para el éxito de una huelga en el ámbito escolar hace falta que la hagan suya la mayoría del profesorado y que la acompañe una verdadera movilización social. En esa dirección apuntaban las propuestas organizativas “de abajo arriba”, que sin eludir las responsabilidades de las organizaciones sindicales y ciudadanas de cara a una convocatoria nítida y decidida, ponían el acento en las asambleas de los centros, en la constitución de comités de huelga conjuntos y su coordinación por barrios y zonas, el apoyo de estudiantes y padres de alumnos, el respeto a las decisiones tomadas democráticamente. Pero eso no se consigue con medias tintas y chantajes al estilo de esos padres, presuntamente defensores de la Escuela Pública , que proponían en todo caso “una huelga compatible con los derechos de los alumnos”, entendiendo por ello centros abiertos, los alumnos dentro y los profesores entreteniéndolos con distintas actividades “aunque no se dé el currículo”. Ya hemos comprobado lo poco que importa a los responsables políticos de la educación qué se hace en las aulas mientras se mantenga la apariencia externa de “orden”. El derecho de los alumnos (y de sus padres), como dijo un representante de los estudiantes, es a tener una educación pública de calidad; y para lograrla –y no aceptar un mayor deterioro- lo que se precisa ante estas nuevas medidas que colman el vaso de la provocación es una huelga real con todas las consecuencias que tienen las huelgas reales, no los meros amagos o protestas puntuales para volver al día siguiente a la “normalidad”, perfectamente asumibles por la autoridad competente.
Ese es el reto. El éxito o el fracaso no están escritos de antemano. Pero es nuestra responsabilidad intentar, con la unidad y decisión necesarias del profesorado y de todas las organizaciones que dicen defender la Escuela Pública , poner todos los medios a nuestro alcance para que esta nueva agresión “no pase”.
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