Pero, ¿quién es Javier Lizasoaín? Pues ni más ni menos que una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a sostener desde la acción diaria y el compromiso la institución educativa madrileña. Director de diferentes institutos públicos, ha asumido siempre con decisión y dedicación personal la tarea de poner en marcha nuevos centros educativos. Y desde ese mismo compromiso dirige, en la actualidad, el IES Matías Bravo, un instituto en el que el Bachillerato Internacional ha cobrado forma gracias a su labor como coordinador de un equipo docente y a su gran valor profesional.
Este inequívoco perfil de un funcionario entregado a su tarea es ahora despreciado por la administración que, a la primera de cambio, se olvida de cuánto le debe la educación pública a personas que como Javier, se han desvelado continuamente por tratar de ofrecer a la sociedad madrileña la mejor de las opciones posibles.
¿De qué le sirve a la administración esa entrega, esa dedicación si luego es incapaz de ofrecer generosidad en el juicio, cuando golpea sin miramiento a quién ha cometido el grave delito de seguir haciendo lo que siempre ha hecho, defender la Educación Pública, incluso cuando esta defensa ya no forma parte de las prioridades de la propia Administración educativa?
¿Qué pretenderá obtener esa administración injusta y vengativa de los funcionarios que administra si estos saben que están privados de libertad de expresión y que si "hablan" el peso de la prepotencia caerá sobre ellos sin siquiera valorar esa dedicación previa?
¿Es este el camino que pretenden recorrer? No con nosotros, no con los profesores.
Javier Lizasoaín es UNO DE LOS NUESTROS, un representante de esa lucha desde el trabajo y desde el compromiso y la administración debe saber que sentirá la solidaridad con Javier en cada uno de los pasos y acciones que el profesorado realice.
Confiamos en que la administración ¿educativa? vuelva a los cauces democráticos que nunca debería haber abandonado, se aparte de la senda de la coacción que últimamente frecuenta tanto y convierta su prepotencia en diálogo, otorgando a sus profesores y directores la credibilidad suficiente como para ser sensible a sus demandas. Al fin y al cabo, los entendidos en educación somos los profesores. Nuestra obligación es destacar aquellos elementos que no favorecen la consecución de los objetivos que la institución educativa tiene comprometidos con la sociedad.
Hagamos oír nuestras voces. Unámosnos y no permitamos que la injusticia que se está cometiendo con uno de los nuestros quede sin contestación.
El silencio no nos hará libres nunca. Si acaso, cómplices de la involución de un modelo educativo que siempre ha buscado integrar a todos los miembros de nuestra sociedad, que ha creído en la potencialidad de progreso de todas las personas.
