Rendir la escuela pública

Santos Juliá

Domingo de El País

Dan la impresión de no saber de qué están hablando, pero lo saben demasiado bien. La presidenta y la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid han logrado exasperar con sus desplantes y ademanes autoritarios a padres, profesores y alumnos de los centros públicos. Despido en masa de profesores mal llamados interinos (en realidad, ejército industrial de reserva que llevan años presentándose y aprobando oposiciones sin obtener la plaza que desempeñan), aumento de horas lectivas, amenaza de supresión de tramos de enseñanza gratuita: parte del programa oculto del PP sobre la enseñanza pública sacado a la luz por estas intemperantes líderes madrileñas.

Por supuesto, saben de sobra qué es un interino y cuántas son las horas de jornada laboral; como saben también de qué va todo esto: infligir un daño irreparable a la escuela pública. La niña de sus ojos es, y siempre ha sido, la privada, que venía experimentando desde hace medio siglo un claro retroceso que ellas se han empleado en detener y revertir. El número total de centros públicos dedicados a enseñanzas de régimen general no universitarias (infantil, primaria, ESO, Bachillerato, FP) ascendía en Madrid a 1.235 en 1999, mientras los privados eran 809. Diez años después, en 2009, el número total de centros privados, que han experimentado una fortísima expansión en el nivel de enseñanza infantil, es 1.611, mientras los públicos se quedan en 1.573.

Esta inversión de la relación entre escuela pública y centros privados prueba bien la “gran sensibilidad hacia los problemas que afectan al sector de la enseñanza privada” mostrada por Esperanza Aguirre. Nada de extraño que la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada haya expresado con esas palabras su agradecimiento por la desgravación fiscal de gastos de enseñanza, con un máximo que ha subido este año de crisis de 500 a 900 euros, y que devuelve a los contribuyentes más de 60 millones de euros, suficientes para mantener en sus puestos a todos los interinos.

Y prueba, sobre todo, el éxito del proyecto educativo de su consejera de Educación cuando lamentaba en Italia, ante una asamblea de Comunión y Liberación, la “intromisión excesiva del Estado en la educación”, y celebraba que “en esta fase de expansión de centros concertados, muchos de los proyectos nuevos estén en manos de religiosos laicos”. Podía alardear la consejera, paladín de la escuela católica financiada por el Estado, que Madrid se encontraba a la cabeza de todas las regiones en el aumento de centros privados: 33% de concertados, de los que 2/3 corresponden a la escuela católica. A la gran sensibilidad de Aguirre y al proyecto educativo de Lucía Figar se debe que los alumnos madrileños de primaria y secundaria se dividan hoy por mitad entre centros públicos y privados cuando la media de España es de 69/31, la misma de Madrid hace una década.

Recuerdo bien los malos tiempos pasados, cuando cursé el bachillerato en el único instituto masculino entonces abierto en Sevilla, el San Isidoro. La casi totalidad del territorio de enseñanza secundaria estaba ocupado por una legión de órdenes y congregaciones religiosas: jesuitas, maristas, salesianos, escolapios, capuchinos, hermanos de las escuelas cristianas… Un siglo de abandono de la escuela a manos de la Iglesia, que, con el breve paréntesis de la República, solo comenzó a corregirse cuando los planes de desarrollo exigieron la elevación del nivel de escolarización. Luego, con el acuerdo de financiación de centros concertados, se estabilizó la relación entre pública y privada en una ratio aproximada de 70/30, en la espera de que aumentando la cantidad y elevando la calidad de la primera y financiando la segunda se alcanzarían porcentajes próximos a la media de la Unión Europea: 90% de escuela pública en primaria, alrededor de 86% en los dos niveles de secundaria.

Pero años de gobierno del PP han logrado que la escuela pública retroceda en Madrid hasta límites impensables hace 10 ó 15 años. Hoy resultaría imposible volver a un mapa escolar como el de Sevilla en 1950: las órdenes y congregaciones religiosas andan de capa caída. Pero Aguirre y Figar no desesperan: con el despido de miles de interinos y el bloqueo de concursos a plazas de enseñanza pública, dan un gran salto hacia la meta final: superar el listón del 70% para centros privados dejando que los públicos se hundan hasta la cota del 30%. Rendir la escuela pública a la invasión de Comunión y Liberación, kikos y demás “religiosos laicos”, y no cuestiones pedagógicas: eso es lo que está hoy en juego en la Comunidad de Madrid.