Los recortes educativos de Aguirre son inmorales e ilegales

Domingo, 25 septiembre 2011

No es seguro que los profesores y sus protestas vayan a doblar el pulso a Esperanza Aguirre, que dice ahora que tiene la mano tendida -quizás por un calambre-, pero al menos están sirviendo para desvelar la brutal dieta de adelgazamiento a la que está sometiendo a la enseñanza pública madrileña. Se trata, en realidad, de una privatización silenciosa que explica, en parte, el milagro económico de las cuentas de la Comunidad del que tanto presume su presidenta. Madrid es la autonomía con más educación privada no concertada en la enseñanza no universitaria. Mientras que en España 67 de cada 100 alumnos dan clases en centros públicos, en Madrid sólo lo hacen 54.

A ello se añade uno de los gastos por alumno más bajo de todo el sistema. Los 4.800 euros per cápita están por debajo de la media nacional (más de 5.500 euros) y a años luz de los más de 7.000 euros que se destinan en el País Vasco. Y ello es así porque, pese a sus campañas de marketing del bachillerato de excelencia, los centros bilingües y la libertad de elección de centros, Aguirre no gasta ni bromas y, como era previsible, menos todavía en ordenadores. Para que se hagan una idea, la proporción de alumnos por ordenador es la siguiente: 7,2 en Madrid frente a los 1,8 de Extremadura o los 3,5 de Castilla-La Mancha.

El resultado de todo ello es una altísima tasa de abandono escolar que alcanza el 26,3%, y que, si bien es inferior a la media española (31,2%) , no se compadece con los porcentajes que ofrecen Euskadi (16%) o Asturias (21,1%).
Por resumir, Aguirre ha jibarizado la educación pública, con el consiguiente ahorro de costes, y ha privilegiado a los centros privados, esencialmente a los relacionados con la Iglesia Católica. No está de más recordar las palabras que la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar, pronunciaba este mes de agosto en un encuentro en Rimini (ver vídeo) organizado por el grupo ultracatólico Comunión y Liberación en las que se resume la filosofía del Gobierno regional:

En primer lugar, hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos, ampliar la oferta de plazas en las estructuras de este tipo dentro de la Comunidad de Madrid. Estos centros están sostenidos con el dinero público, con fondos de los gobiernos regionales, pero tienen gestión privada y por tanto tienen titularidad privada y son gestionados de modo privado. Nosotros hemos aumentado las plazas escolares ofreciendo estas plazas a centros que funcionaban como centros privados al 100%, en los que los padres tenían que afrontar el 100% de los gastos; hemos acogido también a nuevos centros que tenían algunas dificultades dentro del programa de centros concertados y desde hace 7 años hemos ofrecido ámbitos públicos, regionales o de ayuntamiento, lugares públicos para que cooperativas, centros religiosos,… puedan llevar adelante sus propios proyectos educativos con la ayuda y el soporte de los fondos públicos.
El problema también del lugar, del terreno, es un problema grave en España. Era un gran problema y nosotros hemos ofrecido estos lugares gratuitamente a organizaciones religiosas, cooperativas y otras estructuras para que crearan centros sostenidos con fondos públicos pero con gestión privada. Esto indica que en los últimos 6 años hemos abierto 79 centros nuevos de este tipo en la Comunidad de Madrid y hoy en día la proporción entre escuela pública, concertada y privada es esta: la escuela pública representa el 52% en nuestra región, la Comunidad de Madrid, la escuela concertada el 33% y la escuela al 100% completamente privada cerca del 15%”.

Con la habilidad que le caracteriza la dama de Hierro de Chamberí ha tratado de desviar la atención de los recortes poniendo el foco sobre la negativa de los profesores a aceptar que sus horas lectivas semanales pasen de 18 a 20, presentando a los docentes ante el gran público como unos insolidarios que trabajan menos que el ángel de la guarda. Aun reconociendo que lo suyo no es el trabajo a destajo, lo cierto es que no hay maestro que entre clases, tutorías, claustros, horas de biblioteca, reuniones con los padres, actividades de apoyo y refuerzo y correcciones de exámenes no llegue a las 37 horas semanales que constituyen su jornada.

Tampoco es cierta la imagen de que los profesores tienen dos meses de vacaciones pagadas. En realidad, estos funcionarios tiene un sueldo inferior al que les correspondería por su nivel administrativo, ya que el mes de agosto se les descuenta de cada una de las catorce pagas que perciben.

Con el aumento de las horas lectivas que Aguirre trata de imponer a los educadores madrileños pretende restar a la educación pública las más de cinco millones de horas anuales que prestan más de 3.000 profesores interinos, que son imprescindibles para cumplir con la ley de especialidades, esa que trata de evitar algo tan común en la actualidad como que los profesores de Lengua ejerzan también de monitores de educación física.

No son los únicos desmanes. Existen funcionarios de carrera en expectativa de destino a los que se manda a casa con el salario base mientras su puesto es ocupado por pseudoprofesores de la fundación Empieza por Educar, un engendro presidido por la presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, a imagen y semejanza de la ultraliberal Teach for America. El invento consiste en sustituir a los profesores de carrera por graduados universitarios a los que se prepara con un cursillo de cinco semanas, lo que teóricamente les capacita para ejercer la actividad docente.

En el aumento de 18 a 20 horas, cuya intencionalidad ya ha quedado explicada, se soslaya además que la Comunidad de Madrid ha decido pasarse por la piedra el ordenamiento jurídico, tal y como han empezado a denunciar los profesores en una carta dirigida a la consejera Figar. Explican en primer lugar que las instrucciones para el curso 2011-2012 vulneran la orden ministerial de 1987, en vigor, así como otra de 1994 en la que se establece que la ampliación del horario sólo puede ser motivada por necesidades del centro y no por el capricho de la Administración regional. A juicio de los docentes, se vulneran además los derechos que les son propios en tanto que empleados públicos, sin que se haya convocado las mesas de negociación establecidas en la ley.

“No es comprensible –dicen los firmantes- que las Administraciones Públicas, que deberían ser garantes del respeto al marco legislativo, dicten unas instrucciones que lo contravienen”.