 Fuente original: Madrilonia
Fuente original: MadriloniaRetrocedamos  al 7 de abril de 2009, la crisis financiera se ha mostrado con toda su  virulencia en EEUU y la burbuja inmobiliaria española explota dejando a  su rastro miles de desempleados semanales. En este contexto de shock y  nuevas incertidumbres Zapatero decide encargar al Catedrático de  filosofía y rector de la Universidad Autónoma, Ángel Gabilondo, la  pacificación del único sector que produce cierta alteración social, el  mundo universitario. La implantación en la universidad española del  Espacio Europeo de Educación Superior estaba contando con un importante  rechazo, principalmente entre los estudiantes. La oposición, a lo que se  conoce como el Plan Bolonia, se había traducido en un fuerte ciclo de  movilizaciones que tuvo en 2009 su punto más álgido. Gabilondo tenía que  lidiar con un conflicto que apuntaba a enquistarse y a aumentar la  brecha entre el PSOE y la juventud abierta desde la irrupción en 2006  del  movimiento por el derecho a una vivienda diga. Al ministro ya se le  conocía su opinión connivente con el Plan Bolonia cuando era rector y ya  en el ministerio no tardó en aclarar que uno de sus primeros objetivos  iba a ser implantar los acuerdos europeos “con firmeza”, pero después de  escuchar a todas las partes enfrentadas. El resultado de aquello es que  la universidad española se incorpora velozmente a la convergencia  europea y las posturas de disenso fueron poco o nada tenidas en cuenta.  En su haber una primera “victoria”, poco a poco unas movilizaciones que  apuntaban a una reflexión profunda sobre el papel de la universidad en  la sociedad perdieron fuelle mientras que la implantación del EEES  encontraba vía libre.
Su segunda misión no fue tan exitosa. La  gran idea fue llevar a rango de ley un nuevo gran pacto educativo que  se forjase entre los dos grandes partidos y que no fuera cuestionado por  los próximos gobiernos. Es  innegable el optimismo con el que enfocó inicialmente estas  negociaciones. No le preocupó que los primeros documentos que puso  encima de la mesa expulsasen a las fuerzas parlamentarias minoritarias.  Al fin y al cabo eran convidados de piedra en una partida de dos  jugadores. Tampoco le pareció importante no contar con las  organizaciones ciudadanas que llevan años analizando los errores del  sistema educativo actual y proponiendo, cuando no aplicando nuevos  modelos de éxito en los pocos espacios de innovación que existen en el  ámbito público.
Desde entonces, a excepción de algunas medidas  que no han destacado por su éxito (Máster CAP y Escuela 2.0), su  actividad como ministro se ha centrado en hablar y mirar cómo se  sucedían los recortes. El primero y destacable en su ministerio, con un  8% menos en 2011. En segundo lugar, algunas comunidades autónomas con  procesos abiertos de desmantelamiento paulatino del sistema educativo  público  en todos los niveles. En este grupo destacan la Comunidad de Madrid,  Valencia y Galicia. La amenaza y leve rectificación posterior de un  drástico recorte en el número de plazas de las oposiciones a primaria  fue responsabilidad del Ministerio.
Los últimos recortes  drásticos en secundaria llevados a cabo por algunas comunidades,  especialmente Madrid, han activado un ciclo de movilizaciones por la  educación pública que muy probablemente se extienda a otros sectores  amenazados. A parte de algunas declaraciones públicas, bien-pensantes y  ciertamente paternalistas, y de una reunión con los sindicatos al calor  de la revuelta, no se espera ninguna novedad en un barco que va sin  rumbo. El principal anuncio con el que nos ha deleitado el ministro  estos días ha sido con su decisión de no presentarse en las próximas  elecciones.
El panorama educativo que deja Gabilondo es  desolador. El mayor ataque a la educación pública desde su  implantación parece que no es suficiente para nuestro Ministro pierda  la compostura ¿No tendría sentido pensar que el ministerio pudiera hacer  algo al respecto sin parecer por ello un defensor del estado  centralista? Desde que en julio se viera casi obligado a hacer sus  primeras declaraciones públicas acerca de los recortes anunciados en  Madrid, el deambular del ministro es poco menos que enigmático.  Legislador y regulador del dinero que se da a las comunidades para gasto  educativo parece un invitado ilustre a un cortejo fúnebre.
Contrasta,  pero no sorprende la rapidez con la que se mueven algunos ministerios,  cambio constitucional mediante, y la inacción de otros. El rodillo de  los planes de austeridad justificados en la volatilidad de la deuda  soberana han puesto en bandeja el ataque a los servicios públicos.  Espectador de lujo de la desmantelación del sistema público de  educación, parece que su misión como ministro es salir del  cargo, y de la política, sin hacer el menor ruido posible para volver a  las tranquilas calles del campus universitario. Dirán que quiso hacer  cosas, pero que no pudo. Que la política se sustenta en una arquitectura  de intereses de complejo encaje. Que la crisis no ha dejado margen de  maniobra. Que el PP es muy malo y no quiere pactar…
Nos  quedamos a la espera de ver cómo le reciben sus antiguos alumnos de  vuelta a la Universidad, ahora con tasas más altas y menos becas gracias  a su maestro. Juzguen ustedes su trabajo por el módico precio de unos  200.000€ (78.881,26 € brutos al año).
 
 
 
 
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