Aguirre: Erre que erre: Solo pedíamos un esfuerzo a los profesores.

Fuente: El País

La presidenta de la Comunidad de Madrid se aferra a que no hay motivos para la protesta educativa.- "Están amedrentando a los profesores", responde CC OO

P. A. - Madrid - 15/11/2011

El conflicto educativo de la Comunidad de Madrid sigue enquistado. No hay reunión a la vista entre la Consejería de Educación y Empleo y los sindicatos de la mesa sectorial (CC OO, ANPE, CSIF y UGT) casi tres meses después de que arrancaran las primeras protestas por el recorte de profesores en Secundaria. La presidenta regional Esperanza Aguirre ha respondido hoy a la querella presentada esta mañana por Comisiones contra dos altos cargos de Educación por presunta prevaricación en el traslado de dos profesoras que denunciaron públicamente que daban materias para las que no estaban preparadas. Según Aguirre, los sindicatos "no saben ya qué hacer para tratar de justificar una huelga a todas luces política".

"Ellos mismos dijeron que no iban a hacer huelga en campaña electoral. Pues mañana es jueves, quedarán entonces tres días para poder votar el domingo, y para la jornada de reflexión un día solo y, sin embargo, hacen huelga", ha dicho la presidenta en unas declaraciones realizadas tras inaugurar un seminario sobre educación y recogidas por la agencia Efe.
Aguirre mantiene que lo que ha hecho la Consejería de Educación ha sido "pedir un esfuerzo" a los profesores, cuya jornada lectiva se amplía de 18 a 20 horas semanales. Sindicatos, docentes y la asociación mayoritaria de directores (Adimad) sostienen que este cambio dificulta el normal funcionamiento de los centros e impide realizar las guardias, la apertura de bibliotecas o mantener las actividades extraescolares.
Los madrileños, según Aguirre, tienen "la oportunidad" el próximo domingo "de votar dos modelos: el del Partido Popular, que cree que de esta crisis vamos a salir con esfuerzo, con trabajo y con sacrificio y, en materia educativa, cuidando la calidad de la enseñanza, y el modelo socialista que considera que lo que hay que hacer es bajar el listón y preocuparse de los sindicatos, de los liberados y de los chollos".
"La presidenta asume el discurso de la cortina de humo", considera Paco García, responsable de CC OO de Educación en Madrid. García ha asegurado esta mañana que "la movilización empezó en julio mucho antes de las elecciones y seguirá después".
La próxima fecha de huelga tras la convocatoria del próximo jueves 17 es el día 23 de noviembre. "Previsiblemente se retrasará porque así lo están pidiendo los profesores, pero no vamos a parar, será una protesta sostenida en el tiempo", según García. Solo dos de los cuatro sindicatos de la mesa sectorial (CC OO y UGT) respaldan la huelga del 17 con STEM, quinto sindicato en representatividad, y los minoritarios.
"La única campaña que hay en esta región es la que están haciendo Aguirre y Lucía Figar [consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid] contra la escuela pública y amedrentando y persiguiendo a profesores y directores", añade el responsable de educación del sindicato.
Comisiones ha presentado esta mañana una querella por un supuesto delito de prevaricación contra los directores de área territorial de las zonas norte y este por el traslado de dos profesoras que impartían materias no afines y que contaron sus casos en un reportaje de EL PAÍS el pasado 2 de octubre y en el periódico gratuito 20minutos, respectivamente. Ambas docentes fueron trasladadas y tienen que dar clases en dos centros distintos para completar sus horarios. Los otros dos profesores cambiados de centro tras su aparición en EL PAÍS no han presentado denuncia, según CC OO. Educación justificó estos traslados asegurando que cumplían "con una obligación ante una denuncia pública, atender la solicitud de profesores que han manifestado estar dando clases de asignaturas que no son afines a su especialidad y para las que afirman no estar preparados".
"No se ha justificado en modo alguno las razones" de los desplazamientos, según la querella elaborada por la abogada Carmen Perona, que considera que se dictaron resoluciones injustas "a sabiendas". Este delito está penalizado con hasta 10 años de inhabilitación. Perona cree que "han perseguido" a las funcionarias cambiándolas de centro "sabiendo que este proceder es ilegal" y limitando "su derecho a la libertad de expresión".