La privatización y mercantilización de la educación ha convertido al alumnado en un elemento más de producción, material de mejor o peor calidad con el que comerciar. Es la consecuencia más destacada de la estrategia de acoso y derribo a la que está siendo sometida la educación, especialmente la pública, por parte de los mercados, que están forzando a la escuela a abandonar su objetivo principal, la formación de personas.
Los colegios-empresa compiten entre sí por conseguir el alumnado con más capacidad académica, el que presenta menos problemas y puede ofrecer una mejor imagen del negocio. De igual manera, luchan por deshacerse de los que menos garantías de éxito ofrecen, los que presentan problemas de convivencia, o los inmigrantes con escasos recursos o problemas asociados a su condición de extranjeros: desconocimiento del idioma, dificultades de integración, etc.
Los mercados bendecirán a los centros que obtengan mejores resultados, atendiendo a indicadores no siempre compatibles con el servicio esencial que se presta, y hundirán a los que no ofrezcan beneficios, aunque no hasta el punto de hacerlos desaparecer, porque siempre es deseable mantener un mínimo aceptable de miseria.
Como ocurre en el ámbito económico, en el que ya no importan las personas, sino cumplir con el déficit que establecen los especuladores, aun a riesgo de condenar a la población a un estado extremo de pobreza, los centros educativos no se preocuparán de educar, sino que se limitarán a alcanzar los objetivos de productividad y rentabilidad que se les imponga desde fuera.
Estamos abocados a un sistema educativo injusto, generador de desigualdades, segregacionista, en el que el alumnado no es protagonista, sino que solo se le tiene en cuenta en función de su capacidad para atraer nuevos compradores, usuarios de un servicio pensado para generar beneficios económicos.
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