Los electores que el 20-N llevaron esa prenda a favor de la educación pública se enfrentan a duras sanciones por hacer "propaganda electoral"
Marcha de profesores, padres y alumnos de la escuela pública madrileña, en contra de los recortes. Guillermo Sanz
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Reclamar una educación pública puede ser penado hasta con la cárcel, si esa reivindicación se plantea en una jornada electoral. Los juzgados de Madrid han enviado un telegrama a todos aquellos ciudadanos que el 20-N acudieron a sus colegios electorales a votar con una camiseta verde a favor de la escuela pública, y a quienes la Policía impidió su derecho al sufragio hasta que ocultaron dicha prenda.
En el texto se les recuerda que los agentes les informaron de que votar con la camiseta a la vista suponía un "incumplimiento" de los acuerdos 82/2011 y 84/2011 de la Junta Electoral de Madrid.
Este organismo consideró que presentarse en los colegios electorales con la prenda verde suponía la vulneración del artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que establece que "no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya terminado".
Y el artículo 144 de esa misma ley establece que "serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses" los ciudadanos que realicen "actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral".
Las camisetas no suponen ninguna petición de voto. Ni siquiera hacen alusión a ningún partido político. Lo único que se puede leer sobre las mismas es: "Escuela pública de tod@s para tod@s". Resultaría por tanto paradójico que portar las camisetas constituya un acto de propaganda electoral, a pesar de que esas prendas se hayan utilizado para protestar contra los recortes en educación puestos en marcha por la Comunidad de Madrid, gobernada por la conservadora Esperanza Aguirre.
La Junta electoral les advierte del "incumplimiento" de la legislación
En la notificación que reciben desde el viernes muchos de los que trataron de votar con las mencionadas camisetas, se les concede un plazo de 48 horas para que aleguen lo que estimen convenientemente. Si, a pesar de esas alegaciones, la Junta Electoral de Madrid entiende que han vulnerado la normativa, la nota les advierte de que serán sancionados con "el perjuicio al que hubiera lugar en derecho".
Después de que muchos de sus militantes se hayan visto afectados por esta decisión del máximo organismo electoral madrileño, Izquierda Unida denunció el "acoso" al que, en su opinión, están siendo sometidas esas personas.
"Dudamos que se impidiese votar a quienes portaban camisetas fucsias o azules, por lo que estas decisiones sólo pueden entenderse como parte de una estrategia de acoso a quienes defienden la escuela pública", explicó Eulalia Vaquero, secretaria de educación de IU de la Comunidad de Madrid. En declaraciones a este diario, Vaquero consideró que la decisión de la junta electoral "criminaliza una contestación social que es pacífica".
IU denuncia la «criminalización» de una "contestación social pacífica"
Además, recordó que el propio día 20 exigió a la Junta Electoral una aclaración, puesto que entendía que el lema de las camisetas no vinculaba ni beneficiaba a ninguna formación política. "Que aquellas camisetas no constituían propaganda electoral lo confirma el hecho de que el próximo 29 de noviembre, una vez pasadas las elecciones, una nueva marea verde podrá verse en las calles de Madrid", concluyó.
Reducción de profesores
Marea verde es el calificativo que se ha dado a las protestas que están teniendo lugar desde hace meses en la Comunidad en contra de los recortes en educación de Esperanza Aguirre. En concreto, la Consejería de Educación de la región decidió en julio reducir el número de profesores de cada uno de los centros públicos, para ahorrarse los contratos de interinos.
Los juzgados envían telegramas a los que fueron identificados en los colegios
El motivo esgrimido por el PP para realizar los recortes, cifrados en 80 millones de euros, fue la crisis económica. Pero esta decisión contrasta con otra del Gobierno regional que ha introducido la posibilidad de deducir un 10% los gastos educativos privados. Según profesores y sindicatos, esta medida supondrá que la Administración deje de ingresar aproximadamente esos 80 millones de euros
Desde entonces, profesores, padres y alumnos de la escuela pública madrileña se han echado a la calle para exigir a Esperanza Aguirre que rectifique esas decisiones. Mañana mismo se celebrará la novena jornada de huelga en los centros públicos de la Comunidad de Madrid.
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