- No, no lo vamos a hacer. Ajustaremos el número de funcionarios a las necesidades; además, no se puede despedir a los funcionarios.
TVE, día 16 noviembre de 2011
Publidado en Madrilonia
La contratación de profesores interinos tuvo su auge en los años setenta, en paralelo al crecimiento de los centros educativos públicos. Entonces los interinos eran contratados directamente por los Directores de los centros bajo condiciones de extrema precariedad. Muchos de ellos se organizaron en una coordinadora que logró a finales de esa década y principios de los ochenta, presión mediante, el acceso a “Agregados” de entre 12.000 y 15.000 interinos. La lucha de los interinos fue consiguiendo la ordenación de las listas, que se les computara el curso completo a partir de los seis meses de trabajo, el reconocimiento de los trienios y el cómputo de su experiencia en las oposiciones.
Mientras, en la enseñanza privada (todavía no concertada) había un gran intrusismo de personas religiosas y seglares que impartían clases sin la titulación adecuada. A esto había que añadir que un religioso que se incorporaba a un centro podía expulsar a un profesor seglar, y los contratos se suspendían a finales de junio hasta mediados de septiembre con dos consecuencias: el ahorro de esas nóminas y seguridad social, y la libertad para el control de las notas en septiembre. La situación de la enseñanza privada, fundamentalmente religiosa, era boyante en miembros de cada orden; no, como ahora.
Estos dos problemas se atajaron con el control desde los Colegios de doctores y licenciados (ganados democráticamente en el año 1974), que revisaban las plantillas del profesorado, y con el “pago delegado” establecido en la LODE.
¿Qué ha pasado con los profesores interinos? Nunca se ha reducido su número a lo estrictamente necesario y todas las administraciones han mantenido, por el contrario, una bolsa muy grande que les permitía ajustar sus políticas, llegando en momentos a representar hasta un 25 % de la plantilla. El problema, por tanto, no es de ahora. Ahí están las medidas: recorte o eliminación en las plazas convocadas en 2011 por las comunidades autónomas, con una actuación indiferente del Ministerio de Educación; vuelta a los contratos hasta el 30 de junio y vuelta a los años setenta.
Esta segunda medida ya la han aplicado E. Aguirre y Figar en el curso pasado y esto ha sido verdaderamente grave por la vulneración vergonzosa de derechos sociales. Esta medida supone el contrato temporal para la tarea de un curso completo, prefijada por la ley y por las comunidades autónomas en el calendario escolar. Supone, además, que la administración impide a padres y alumnos que ejerzan su derecho a que les valore y atienda el mismo profesor durante todo el curso. Supone, también, que estos profesores “no trabajan en septiembre”, como les gusta decir, y no hacen las tareas establecidas por ley en la organización del curso.
Luego están todos los otros recortes y tampoco el Ministerio de Educación ha actuado en defensa del cumplimiento de la ley. Está clara la respuesta de Rajoy: no van a despedir funcionarios. En Madrid ya han despedido a 3.000 (funcionarios) interinos, más los de Castilla La Mancha y Navarra y Galicia.
A. Sabín
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